En carta dirigida a los ministros de Interior; Comercio, Industria y Turismo; y Salud, el Comité de Gremios de Turismo de Bogotá manifestó su preocupación por las medidas para contener el contagio de COVID-19.

En la misiva, el Comité del que hacen parte ACODRÉS, ACOLTÉS, ACOLAP, ASOBARES, ANATO Capítulo Central y COTELCO Capítulo Bogotá Cundinamarca aseguró que ante las cuarentenas totales en tres localidades de la capital muchos de sus agremiados no podrán resistir

Para el Comité, “la aplicación de la medida de Pico y Cédula ha tenido un grave y negativo impacto“. Esto debido a que al fraccionar los grupos familiares se afecta en el número de visitantes y por consiguiente en las ventas y el empleo, pues se calcula que con las nuevas medidas habrá afectación de personas y familiar que dependen directamente de estos sub sectores y que nuevamente ven en riesgo sus ingresos”.

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Conscientes de la situación que viven Bogotá y Colombia frente a la pandemia de COVID-19, consideran que no se pueden seguir tomando medidas que afecten directamente al sector formal, “que hace grandes esfuerzos en la aplicación de los protocolos, que ha obtenido certificado en los sellos de calidad, que generan empleo formal y ayuda a la recuperación de la ciudad, se deberían evaluar otro tipo de medidas que permitan el cuidado de la vida y no golpear drásticamente la economía”.

El Comité sugiere el diálogo antes de tomar decisiones tan drásticas como la de las cuarentenas totales. Esto “con el fin de planear las acciones derivadas de las restricciones impuestas; no es posible reaccionar antes clientes y proveedores de un día para otro”.

También hacen un llamado para que las medidas sean anunciadas, por lo menos, con una semana de anterioridad, “de manera que se puedan mitigar los impactos negativos en las empresas formales”.

Además, instan a controlar “los focos de contagio, las aglomeraciones, las fiestas clandestinas, la informalidad sin medidas sanitarias, las reuniones familiares sin control, los alquileres de espacios privados”. Proponen incluirlos como objetivos de la política pública y su contención del contagio.

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También hacen un llamado para se impongan sanciones al comercio informal “que no cumple con los deberes de cuidado sanitario”.

Recuerdan que a pesar de que se mantiene el domicilio “no servirá de nada si la hora máxima de operación es las 8 p. m.”. El 50 % de las ventas se dan entre 6 y 10 p. m., “y una imposición de toque de queda a las 8 p. m. significa el cierre de operaciones a las 7 p. m., decisión que llevará a muchos comerciantes a cerrar definitivamente el punto de venta, dadas las pérdidas derivadas de la medida”. Piden que los domicilios se permitan habilitados hasta las 11 p. m.

Finalizan recordando que “los establecimientos que representamos han realizado grandes inversiones para la aplicación de protocolos de bioseguridad y certificaciones, por lo que solicitamos se les de valor y no castigo. No es en nuestros establecimientos donde se están generando las aglomeraciones o los riesgos altos de contagio”.